El artículo de Expansión analiza una declaración conjunta sin precedentes firmada por 23 de las organizaciones empresariales, financieras y profesionales más influyentes de la Unión Europea. Este grupo de presión, que representa un amplio espectro de la economía continental, ha alzado la voz para denunciar el excesivo 'papeleo fiscal' que asfixia a las compañías europeas, calificándolo como un lastre crítico para la competitividad del bloque en un mercado global cada vez más agresivo. La cifra central de la denuncia son los 8.600 millones de euros en ahorros anuales potenciales que la propia Comisión Europea ha identificado en sus planes de simplificación administrativa. Según el Programa de Trabajo de la Comisión para 2026 y los recientes informes sobre simplificación, la implementación de seis paquetes legislativos 'ómnibus' permitiría reducir significativamente los costes de cumplimiento para las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, las 23 organizaciones firmantes advierten que estos ahorros solo se materializarán si existe una voluntad política real para acelerar la adopción de estas medidas y simplificar normativas clave en áreas críticas como el IVA en la Era Digital (ViDA), el marco para la imposición sobre el rendimiento de las empresas (BEFIT) y los procedimientos de retención fiscal (FASTER). El manifiesto subraya que la carga administrativa actual no solo supone un coste financiero directo, sino que también desvía recursos valiosos que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), podrían dedicar a la innovación, la transición verde y la inversión productiva. La Comisión se ha fijado el ambicioso objetivo de reducir las cargas administrativas en un 25% de forma general y en un 35% para las pymes, lo que supondría un ahorro total estimado de 37.500 millones de euros a largo plazo. Los 8.600 millones mencionados representan la primera fase de este plan, centrada en las propuestas ya presentadas o en vías de aprobación inmediata. Las organizaciones insisten en que la complejidad del sistema fiscal fragmentado de la UE es una de las principales barreras para el pleno funcionamiento del Mercado Único. Citando informes recientes sobre competitividad, como el elaborado por Mario Draghi, el artículo destaca que las barreras regulatorias internas tienen un impacto negativo comparable al de los aranceles comerciales, restando atractivo a Europa frente a competidores como Estados Unidos o China. El artículo detalla cómo la fragmentación de las normas fiscales obliga a las empresas que operan a nivel transfronterizo a enfrentarse a una maraña de formularios, plazos y requisitos de información divergentes entre los 27 Estados miembros. Esta situación es particularmente gravosa en el ámbito de la fiscalidad digital y los servicios, donde la falta de armonización genera una inseguridad jurídica que frena la expansión internacional de las startups europeas. Las 23 organizaciones enfatizan que la UE no puede permitirse mantener estructuras burocráticas obsoletas. Además, se resalta que la digitalización de la administración tributaria a menudo se ha implementado de forma descoordinada, añadiendo nuevas capas de obligaciones de reporte electrónico sin eliminar las anteriores. La declaración conjunta aboga por un enfoque de 'digital por defecto' y por la reutilización de datos por parte de las autoridades para evitar que las empresas tengan que suministrar la misma información múltiples veces. El respaldo de estas entidades supone una presión política significativa sobre la Comisión Europea y los gobiernos nacionales para que la competitividad sea la prioridad absoluta de la legislatura.
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